Sueldos atrasados dos o tres meses, pagos en negro, renuncias de trabajadores, falta de dinero para pagar alquileres, cierre de centros de ayuda. Estos son algunos de los problemas que padece la Subsecretaria de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires. Una subsecretaría que se ocupa de más de 12 mil pacientes por mes en sus 180 centros de atención y sus 9 comunidades terapéuticas para internaciones.
Sumado a estas falencias, el Ministro de salud de la provincia, de quien depende la Subsecretaría, quiere pasarla a Secretaría de Estado con el fin de jerarquizarla y, de esta manera, poder destinarle más presupuesto. Esta decisión entra en conflicto con los intereses de los trabajadores, quienes sostienen que la Subsecretaría debería continuar dependiendo del Ministerio de salud porque el problema de las adicciones corresponde a dicho ámbito.
Todo este escenario llevó a que el 9 de marzo los empleados iniciaran un paro que aún perdura. Y que sólo levantarán si las autoridades aseguran regularizar la situación contractual de todos los trabajadores, garantizan la continuidad de los centros de atención y otorgan el presupuesto necesario pero sin moverla del ámbito de la salud.
El acuerdo es completamente necesario porque la crisis en que se encuentran dichos centros provinciales dejan a 12 mil personas sin una correcta asistencia, y por otra parte, el paro de actividades de los profesionales tampoco ayuda a solucionar la situación.
Cecilia Crea