El escándalo de las escuchas telefónicas ha demostrado que en el gobierno de Mauricio Macri faltan experiencia, pericia política y dotes para la gestión.
Sólo con el contraataque a las poco felices declaraciones de Aníbal Fernández –y su comparación con Nixon y el Watergate- no alcanza para justificar y resolver el problema de que en el seno de la aún no nacida Policía Metropolitana, se usaban recursos y mano de obra para escuchar e investigar la vida de otras personas.
Pero las responsabilidades y dudas no se quedan sólo en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.: ¿por qué no se investiga con ganas quién llamó a uno de los teléfonos de Sergio Burstein –el familiar de víctimas de la AMIA- para avisarle que Jorge “Fino” Palacios lo estaba escuchando?
¿O será que nadie quiere saber cuánto del trabajo de la SIDE está presente en estos asuntos?
Entre los que deberían dedicarse –y con mucho empeño- a averiguar esto, está en primera fila el Juez Norberto Oyarbide.
Su excesiva presencia y participación mediática no ha estado exenta de errores, como el hablar de citaciones a Macri o sobre la posibilidad de que se hubieran realizado también escuchas al matrimonio presidencial, cuestiones luego desmentidas.
Una vez más, este Juez Federal aparece mezclado en tramas, tiras y aflojes del poder.
Y eso lo aleja de la necesaria independencia de criterio con el que debería estar obrando en éste y otros casos delicados que están en sus manos.
Demasiada intriga de poder para una ciudadanía ya cansada de estos menesteres. Y ávida de respuestas sobre los temas de la realidad, como el grave tema de la falta de Seguridad.
Asunto al que los hombres del poder, parecen no tener registrada entre sus prioridades.
Pablo de León
