El debate iniciado esta semana en algunas comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación debe tener una definición contundente: el fin de la vigente Ley de Radiodifusión de la Dictadura, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla.
Es una deuda de estos 25 años de Democracia que no se haya avanzado, modificado y modernizado esta ley y que contemos con una normativa más adecuada, lejana a los tiempos del fax y cercana y coherente con los tiempos de Internet.
El recorrido inicial del debate comenzado por el Gobierno Nacional fue adecuado, con la participación de personas y organizaciones vinculadas al tema, que hicieron sus aportes, algunos de los cuales están incluidos en el proyecto enviado al Congreso.
Pero el camino que hoy recorre esta discusión se ha comenzado a empantanar.
Quienes sostienen que se debe esperar al próximo año para este debate dan lugar a un doble discurso: critican a los diputados y senadores por no trabajar, pero ahora les piden que se queden de brazos cruzados, hasta el año próximo, después de la asunción de los próximos legisladores y por supuesto, luego del seguro período vacacional del que disfrutarán en Enero y Febrero.
El Congreso debe trabajar hoy.
Pero ese argumento tampoco justifica que se lleve adelante un tratamiento “express”, que acalle a muchas voces y que sólo apure el levantamiento de manos y conteo de votos, por la supuesta mayoría con la que contaría el Poder Ejecutivo hoy en el Parlamento.
La propuesta de realizar varias audiencias en el interior del país, además de la Ciudad de Buenos
Aires, es saludable y recomendable, para que las voces que normalmente no tienen lugar, sean escuchadas e incluidas.
Porque no podemos justificar por esta mora de 25 años de falta de discusión, que el debate sea a los apurones: debe salir una ley que nos rija por muchísimos años más y no una resultante parcial, a medida del gobierno kirchnerista.
Es muy loable que el proyecto oficial quiera modificar los monopolios actuales, para terminar con una situación de inequidad absoluta. Pero eso no significa cambiar para crear nuevos actores monopólicos.
Como sostuvo el Diputado Nacional Claudio Lozano, "todas las empresas del Grupo Clarín facturaron en 2008 un total de 5.736 millones de pesos; Telefónica facturó 11.526 millones de pesos y Telecom 17.588 millones de pesos".
Esto habla a las claras de que la posibilidad de que las telefónicas participen del nuevo escenario, torna poco creíble el discurso de la desconcentración de medios.
Mucho hay por ver. Y por esa razón, el debate de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales no puede ser a medida de ningún sector político en particular.
El camino es el de ampliar el debate, sin audiencias a los apurones ni aprietes de pasillos ni en los titulares de los diarios.
La discusión es necesaria: tenemos que hacerlo ya pero con todo el tiempo que se merece esta importante e imprescindible discusión.
Pablo de León
